Este viernes, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tomó una decisión unánime al rechazar los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el caso Pío Nono. Con esta resolución, se ratifica la absolución del carabinero Sebastián Zamora, quien había sido acusado de homicidio frustrado y apremios ilegítimos tras el incidente ocurrido el 2 de octubre de 2020, cuando un menor de edad cayó al río Mapocho durante un procedimiento policial. Ante esto, el abogado defensor de Zamora, Alejandro Peña, celebró la decisión, calificándola dehistórica y destacando la labor del tribunal. La absolución ya había sido decretada por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en julio pasado, lo que llevó a Zamora a reintegrarse a sus funciones en la 40° Comisaría de Carabineros en Lo Espejo. Asimismo, el caso se había originado durante una protesta en el puente Pío Nono, donde Zamora fue involucrado en la caída del menor, pero fue apartado de su cargo no por el incidente en sí, sino por no haber informado que llevaba una cámara corporal durante el procedimiento. Tras desechar un acuerdo con la fiscalía, enfrentó juicio y ahora, con la ratificación de su absolución, se cierra una etapa que ha marcado un hito en la discusión sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en Chile. Finalmente, el tribunal también impuso costas al Ministerio Público por su intento de nulidad, subrayando la solidez del fallo que favorece al carabinero.
En una decisión clave, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dictó este jueves medidas cautelares para Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, generales en retiro de Carabineros. Los tres exmandatarios de la institución están siendo investigados por delitos omisivos relacionados con la represión y apremios ilegítimos durante el estallido social de octubre de 2019. Ante esto, la magistrada a cargo del caso determinó que, a pesar de la gravedad de los cargos, no era necesaria la prisión preventiva. En su lugar, los imputados deberán cumplir con un arraigo nacional y presentar firma quincenal ante la autoridad. Esta decisión ha generado reacciones mixtas en la opinión pública, dado el contexto de las acusaciones y la importancia de los hechos ocurridos durante las protestas. La investigación continúa en curso, mientras la sociedad observa con atención el desarrollo de este caso que refleja las tensiones entre la justicia y las fuerzas del orden en un periodo marcado por la demanda de derechos humanos.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
Este martes, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Marcelo Enrique Naranjo Naranjo por el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien fue baleada en Barrio Meiggs mientras cubría una manifestación por el Día Internacional del Trabajador el 1 de mayo de 2022. Naranjo, apodadoEl Pestaña, fue hallado culpable de homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados, todos relacionados con los violentos disturbios ocurridos durante la marcha. El fallo, unánime, confirmó que Naranjo fue el autor del disparo que provocó la muerte de la periodista, quien trabajaba para el medio comunitario Señal 3 de La Victoria. El tribunal adquirió convicción, más allá de toda duda razonable, de que fue el acusado a quien le cupo participación culpable en el hecho descrito en la acusación, señala el documento judicial. La evidencia presentada por la Fiscalía Centro Norte, incluidas declaraciones de testigos y videos, fue clave para posicionar al acusado en el lugar de los hechos. Ante esto, la fiscalía solicitó una pena de 25 años de cárcel: 15 por homicidio simple, 5 por porte ilegal de arma y otros 5 por disparos injustificados. La sentencia definitiva se conocerá el lunes 28 de octubre. Asimismo, durante el juicio la defensa de Naranjo intentó cuestionar la falta de pruebas directas que lo vincularan al arma del crimen, la cual no fue encontrada. No obstante, los testigos y las grabaciones resultaron suficientes para que el tribunal dictara la condena. Marcelo Naranjo, de 43 años y con antecedentes por tráfico de drogas, se encuentra en prisión preventiva desde mayo de 2022. La víctima, Francisca Sandoval, de 29 años, falleció 11 días después del ataque, dejando una hija pequeña. Finalmente, la muerte de la periodista generó gran conmoción, no solo por el brutal ataque, sino por el clima de violencia que rodeó la manifestación en Barrio Meiggs, en la que también resultaron heridas otras personas.
El Senado de la República se prepara para votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco. La votación se llevará a cabo el martes 15 de octubre, comenzando con Muñoz, seguido de Vivanco. En esta primera sesión, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentará la relación de hechos, seguido por la intervención de una comisión de tres parlamentarios que expondrá los argumentos de la parte acusadora. Ante esto, el miércoles 16 de octubre se procederá de igual manera, permitiendo a las defensas de ambos acusados presentar sus argumentos. La acusación deberá ser aprobada por mayoría absoluta para avanzar. Este proceso legislativo podría extenderse, dependiendo de la decisión que se tome respecto a otras acusaciones en curso, incluido el caso del exministro Jean Pierre Matus. Asimismo, el presidente del Senado, José García Ruminot, anunció que el proceso se inicia tras recibir el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, lo que establece un plazo de 30 días hábiles para que el Senado se pronuncie. Durante este tiempo, se seguirán procedimientos específicos para garantizar el derecho a la defensa y el debate entre las partes involucradas. Finalmente, la sesión del martes comenzará a las 10:00 horas, y se espera que sea un evento crucial para el futuro judicial de los acusados, así como para el funcionamiento del Senado en el contexto actual.
Este viernes, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tomó una decisión unánime al rechazar los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el caso Pío Nono. Con esta resolución, se ratifica la absolución del carabinero Sebastián Zamora, quien había sido acusado de homicidio frustrado y apremios ilegítimos tras el incidente ocurrido el 2 de octubre de 2020, cuando un menor de edad cayó al río Mapocho durante un procedimiento policial. Ante esto, el abogado defensor de Zamora, Alejandro Peña, celebró la decisión, calificándola dehistórica y destacando la labor del tribunal. La absolución ya había sido decretada por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en julio pasado, lo que llevó a Zamora a reintegrarse a sus funciones en la 40° Comisaría de Carabineros en Lo Espejo. Asimismo, el caso se había originado durante una protesta en el puente Pío Nono, donde Zamora fue involucrado en la caída del menor, pero fue apartado de su cargo no por el incidente en sí, sino por no haber informado que llevaba una cámara corporal durante el procedimiento. Tras desechar un acuerdo con la fiscalía, enfrentó juicio y ahora, con la ratificación de su absolución, se cierra una etapa que ha marcado un hito en la discusión sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en Chile. Finalmente, el tribunal también impuso costas al Ministerio Público por su intento de nulidad, subrayando la solidez del fallo que favorece al carabinero.
En una decisión clave, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dictó este jueves medidas cautelares para Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, generales en retiro de Carabineros. Los tres exmandatarios de la institución están siendo investigados por delitos omisivos relacionados con la represión y apremios ilegítimos durante el estallido social de octubre de 2019. Ante esto, la magistrada a cargo del caso determinó que, a pesar de la gravedad de los cargos, no era necesaria la prisión preventiva. En su lugar, los imputados deberán cumplir con un arraigo nacional y presentar firma quincenal ante la autoridad. Esta decisión ha generado reacciones mixtas en la opinión pública, dado el contexto de las acusaciones y la importancia de los hechos ocurridos durante las protestas. La investigación continúa en curso, mientras la sociedad observa con atención el desarrollo de este caso que refleja las tensiones entre la justicia y las fuerzas del orden en un periodo marcado por la demanda de derechos humanos.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
Este martes, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Marcelo Enrique Naranjo Naranjo por el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien fue baleada en Barrio Meiggs mientras cubría una manifestación por el Día Internacional del Trabajador el 1 de mayo de 2022. Naranjo, apodadoEl Pestaña, fue hallado culpable de homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados, todos relacionados con los violentos disturbios ocurridos durante la marcha. El fallo, unánime, confirmó que Naranjo fue el autor del disparo que provocó la muerte de la periodista, quien trabajaba para el medio comunitario Señal 3 de La Victoria. El tribunal adquirió convicción, más allá de toda duda razonable, de que fue el acusado a quien le cupo participación culpable en el hecho descrito en la acusación, señala el documento judicial. La evidencia presentada por la Fiscalía Centro Norte, incluidas declaraciones de testigos y videos, fue clave para posicionar al acusado en el lugar de los hechos. Ante esto, la fiscalía solicitó una pena de 25 años de cárcel: 15 por homicidio simple, 5 por porte ilegal de arma y otros 5 por disparos injustificados. La sentencia definitiva se conocerá el lunes 28 de octubre. Asimismo, durante el juicio la defensa de Naranjo intentó cuestionar la falta de pruebas directas que lo vincularan al arma del crimen, la cual no fue encontrada. No obstante, los testigos y las grabaciones resultaron suficientes para que el tribunal dictara la condena. Marcelo Naranjo, de 43 años y con antecedentes por tráfico de drogas, se encuentra en prisión preventiva desde mayo de 2022. La víctima, Francisca Sandoval, de 29 años, falleció 11 días después del ataque, dejando una hija pequeña. Finalmente, la muerte de la periodista generó gran conmoción, no solo por el brutal ataque, sino por el clima de violencia que rodeó la manifestación en Barrio Meiggs, en la que también resultaron heridas otras personas.
El Senado de la República se prepara para votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco. La votación se llevará a cabo el martes 15 de octubre, comenzando con Muñoz, seguido de Vivanco. En esta primera sesión, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentará la relación de hechos, seguido por la intervención de una comisión de tres parlamentarios que expondrá los argumentos de la parte acusadora. Ante esto, el miércoles 16 de octubre se procederá de igual manera, permitiendo a las defensas de ambos acusados presentar sus argumentos. La acusación deberá ser aprobada por mayoría absoluta para avanzar. Este proceso legislativo podría extenderse, dependiendo de la decisión que se tome respecto a otras acusaciones en curso, incluido el caso del exministro Jean Pierre Matus. Asimismo, el presidente del Senado, José García Ruminot, anunció que el proceso se inicia tras recibir el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, lo que establece un plazo de 30 días hábiles para que el Senado se pronuncie. Durante este tiempo, se seguirán procedimientos específicos para garantizar el derecho a la defensa y el debate entre las partes involucradas. Finalmente, la sesión del martes comenzará a las 10:00 horas, y se espera que sea un evento crucial para el futuro judicial de los acusados, así como para el funcionamiento del Senado en el contexto actual.