El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
En una entrevista con ADN Hoy , el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó diversos temas de interés. Entre los puntos destacados se encuentran la presencia policial en las calles, el refuerzo en La Araucanía y las medidas contra la migración irregular. En medio de críticas por la falta de un plan más visible para combatir la delincuencia, Jouannet defendió los avances en seguridad y señaló que el principal problema operativo es la baja en la dotación policial: “No hay carabineros”. Para revertir esta situación, el Gobierno planea implementar incentivos, cambios legales y mayor capacitación. El subsecretario aseguró que la promesa de seguridad del Ejecutivo se cumplirá mediante la recuperación de presencia policial en barrios, el refuerzo del plan cuadrante y el aumento de funcionarios para labores preventivas. En sus palabras: “Vamos a dejar este país ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, menos crimen organizado, y con carabineros en la calle”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra un bono trimestral para funcionarios policiales en terreno y zonas de riesgo, así como un proyecto de ley para agilizar sumarios administrativos y recuperar personal para tareas operativas. Jouannet también mencionó planes para triplicar la incorporación de jóvenes a la escuela de Carabineros. Además, se destacó el uso de tecnología como drones y salas de monitoreo para apoyar el patrullaje policial. Respecto a La Araucanía, Jouannet defendió los operativos recientes en Temucuicui y afirmó que el Estado debe ejercer presencia en todo el territorio. Sobre migración irregular, el subsecretario mencionó que se han acelerado expulsiones y marcó distancia con la administración anterior. En relación con esto, Jouannet vinculó el ingreso irregular con cambios en el crimen organizado. Finalmente, Jouannet reiteró que el Gobierno tiene una hoja de ruta para mejorar la seguridad y enfatizó que la primera condición es tener más Carabineros en las calles. A pesar de la ansiedad política por mostrar resultados, afirmó: “Hay un plan”. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
En una audiencia llevada a cabo este martes, se formalizó la situación de los dos individuos detenidos por la agresión al diputado Javier Olivares, quienes enfrentan cargos por atentado contra la autoridad. En el transcurso de la audiencia, la parte acusadora solicitó prisión preventiva para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal desestimó esta medida cautelar, así como la petición de firma semanal presentada por el Ministerio Público, argumentando falta de pruebas suficientes para respaldar las solicitudes planteadas en la audiencia. El abogado defensor de los hermanos Pinto Pinto, Felipe Alonso González Hernández, explicó que la decisión se basa en las deficiencias que, a su parecer, presenta el expediente investigativo. La razón por la cual quedaron en libertad está relacionada precisamente con notables inconsistencias, afirmó tras la formalización. En ese sentido, el abogado cuestionó la coherencia entre el relato proporcionado por las presuntas víctimas y las lesiones documentadas. Es imposible que una persona que es arrojada al suelo y golpeada solo presente una lesión leve en el rostro, señaló. El defensor señaló que los informes médicos no concuerdan con las declaraciones revisadas, las cuales describen golpes y patadas en diversas circunstancias. Aseguran haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo (...) Sin embargo, solo presentan una lesión leve en el rostro, explicó. Respecto al origen del altercado, González aseguró que aún no ha tenido la oportunidad de conversar a fondo con sus representados. No obstante, descartó cualquier motivación política detrás de sus acciones. No tienen interés en política ni afiliación política alguna, afirmó. Por último, el abogado enfatizó que el caso debe continuar siendo investigado, pero también advirtió sobre las consecuencias graves de proporcionar información imprecisa en un proceso penal. La violencia definitivamente no es una solución (...) pero mentir o distorsionar los hechos en una investigación penal también puede ser grave, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
En una entrevista con ADN Hoy , el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó diversos temas de interés. Entre los puntos destacados se encuentran la presencia policial en las calles, el refuerzo en La Araucanía y las medidas contra la migración irregular. En medio de críticas por la falta de un plan más visible para combatir la delincuencia, Jouannet defendió los avances en seguridad y señaló que el principal problema operativo es la baja en la dotación policial: “No hay carabineros”. Para revertir esta situación, el Gobierno planea implementar incentivos, cambios legales y mayor capacitación. El subsecretario aseguró que la promesa de seguridad del Ejecutivo se cumplirá mediante la recuperación de presencia policial en barrios, el refuerzo del plan cuadrante y el aumento de funcionarios para labores preventivas. En sus palabras: “Vamos a dejar este país ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, menos crimen organizado, y con carabineros en la calle”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra un bono trimestral para funcionarios policiales en terreno y zonas de riesgo, así como un proyecto de ley para agilizar sumarios administrativos y recuperar personal para tareas operativas. Jouannet también mencionó planes para triplicar la incorporación de jóvenes a la escuela de Carabineros. Además, se destacó el uso de tecnología como drones y salas de monitoreo para apoyar el patrullaje policial. Respecto a La Araucanía, Jouannet defendió los operativos recientes en Temucuicui y afirmó que el Estado debe ejercer presencia en todo el territorio. Sobre migración irregular, el subsecretario mencionó que se han acelerado expulsiones y marcó distancia con la administración anterior. En relación con esto, Jouannet vinculó el ingreso irregular con cambios en el crimen organizado. Finalmente, Jouannet reiteró que el Gobierno tiene una hoja de ruta para mejorar la seguridad y enfatizó que la primera condición es tener más Carabineros en las calles. A pesar de la ansiedad política por mostrar resultados, afirmó: “Hay un plan”. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
En una audiencia llevada a cabo este martes, se formalizó la situación de los dos individuos detenidos por la agresión al diputado Javier Olivares, quienes enfrentan cargos por atentado contra la autoridad. En el transcurso de la audiencia, la parte acusadora solicitó prisión preventiva para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal desestimó esta medida cautelar, así como la petición de firma semanal presentada por el Ministerio Público, argumentando falta de pruebas suficientes para respaldar las solicitudes planteadas en la audiencia. El abogado defensor de los hermanos Pinto Pinto, Felipe Alonso González Hernández, explicó que la decisión se basa en las deficiencias que, a su parecer, presenta el expediente investigativo. La razón por la cual quedaron en libertad está relacionada precisamente con notables inconsistencias, afirmó tras la formalización. En ese sentido, el abogado cuestionó la coherencia entre el relato proporcionado por las presuntas víctimas y las lesiones documentadas. Es imposible que una persona que es arrojada al suelo y golpeada solo presente una lesión leve en el rostro, señaló. El defensor señaló que los informes médicos no concuerdan con las declaraciones revisadas, las cuales describen golpes y patadas en diversas circunstancias. Aseguran haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo (...) Sin embargo, solo presentan una lesión leve en el rostro, explicó. Respecto al origen del altercado, González aseguró que aún no ha tenido la oportunidad de conversar a fondo con sus representados. No obstante, descartó cualquier motivación política detrás de sus acciones. No tienen interés en política ni afiliación política alguna, afirmó. Por último, el abogado enfatizó que el caso debe continuar siendo investigado, pero también advirtió sobre las consecuencias graves de proporcionar información imprecisa en un proceso penal. La violencia definitivamente no es una solución (...) pero mentir o distorsionar los hechos en una investigación penal también puede ser grave, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
