En una jornada marcada por importantes decisiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la promulgación de la ley que integra la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Esta entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad ahora cuenta con la capacidad de operar en todas las regiones de Chile. En sus declaraciones, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración entre instituciones: “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…). Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que esta ley “nos permite estar promulgando esta reforma importantísima, para que nuestro Estado tenga todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado (…). La forma que tiene el Estado de Chile para combatir este flagelo es hacerlo fortaleciendo sus instituciones”. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la nueva Fiscalía “se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país (…), particularmente aquellos delitos que cometen asociaciones criminales y que no reconocen fronteras ni dentro de nuestro país ni tampoco hacia afuera”. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades como los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Jaime Gajardo, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Cerna, entre otros funcionarios relevantes. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema emitió un fallo en el que determinó que el Ministerio Público actuó de manera ilegal y arbitraria al negarse a investigar administrativamente una reunión en particular. En este caso, la Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes presentaron una objeción contra la Fiscalía por rechazar la investigación administrativa de una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. La reunión en cuestión tuvo lugar después de que Valencia asumiera su cargo en la Fiscalía Nacional y se especula que fue para limar asperezas, según lo expresado tanto por Valencia como por la institución cuando se les ha consultado al respecto. La resolución de la Corte Suprema estableció que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley. De acuerdo con La Tercera, la máxima instancia judicial indicó que será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo. Además, se revocó el fallo de la Corte de Santiago y se dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía Nacional, instando a dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo. Según La Tercera, el Ministerio Público deberá convocar a tres fiscales regionales sorteados para determinar si se debe iniciar una investigación administrativa conforme a la Ley de Lobby. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
En una jornada marcada por importantes decisiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la promulgación de la ley que integra la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Esta entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad ahora cuenta con la capacidad de operar en todas las regiones de Chile. En sus declaraciones, el Mandatario destacó la importancia de la colaboración entre instituciones: “Lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile de manera muy seria, muy profesional, muy articulada con las diferentes instituciones (…). Esto da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”, afirmó. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que esta ley “nos permite estar promulgando esta reforma importantísima, para que nuestro Estado tenga todas las herramientas necesarias y suficientes para combatir el crimen organizado (…). La forma que tiene el Estado de Chile para combatir este flagelo es hacerlo fortaleciendo sus instituciones”. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la nueva Fiscalía “se agrega a las fiscalías regionales actualmente existentes, pero con una capacidad especializada para el combate del crimen organizado en distintas regiones del país (…), particularmente aquellos delitos que cometen asociaciones criminales y que no reconocen fronteras ni dentro de nuestro país ni tampoco hacia afuera”. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades como los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Jaime Gajardo, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Cerna, entre otros funcionarios relevantes. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema emitió un fallo en el que determinó que el Ministerio Público actuó de manera ilegal y arbitraria al negarse a investigar administrativamente una reunión en particular. En este caso, la Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes presentaron una objeción contra la Fiscalía por rechazar la investigación administrativa de una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. La reunión en cuestión tuvo lugar después de que Valencia asumiera su cargo en la Fiscalía Nacional y se especula que fue para limar asperezas, según lo expresado tanto por Valencia como por la institución cuando se les ha consultado al respecto. La resolución de la Corte Suprema estableció que el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley. De acuerdo con La Tercera, la máxima instancia judicial indicó que será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo. Además, se revocó el fallo de la Corte de Santiago y se dejó sin efecto la decisión de la Fiscalía Nacional, instando a dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo. Según La Tercera, el Ministerio Público deberá convocar a tres fiscales regionales sorteados para determinar si se debe iniciar una investigación administrativa conforme a la Ley de Lobby. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
